Save the Children trabaja en conjunto con organizaciones de sociedad civil para que el gobierno central y los gobiernos municipales mejoren la inversión de los recursos públicos en niñez y adolescencia. Comprendiendo que es imprescindible el reconocimiento de derechos; es decir, que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes debe considerarse primordial en todo lo concerniente a ellos y, principalmente, en la asignación de los recursos financieros, humanos y físicos que satisfagan sus necesidades y el pleno goce de sus derechos.

Para ello precisa resaltar la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño, en el cual resalta el cumplimiento del artículo 12 de la Convención, referente a la libertad de expresión, estableciendo la metodología para incluir a las niña, niños y adolescentes en todos los asuntos que los afecten y escuchar sus opiniones. Sin embargo, escuchar y tomar en cuenta su opinión es aún un desafío, ya que los adultos tienden a atribuirse el poder de decidir sobre las cuestiones que incluyen a la niñez sin que ellos participen en el proceso.

De acuerdo con el CENSO de Población (INE, 2018), el 42% de la población guatemalteca se conforma por niñas, niños y adolescentes. Este dato muestra que es el momento oportuno de promover estrategias para garantizar sus derechos y legítima participación, a fin de ser efectiva la asignación y ejecución de los recursos para la inversión social.

Sin embargo, no es suficiente con estas cifras; dentro de los factores que favorecen mejoras sustanciales en la inversión se encuentra el conocimiento de la situación de la niñez de parte de las autoridades, siendo esta legítima al permitir que niñas, niños y adolescentes generen esta información desde su perspectiva. Así es, es de gran importancia que las instituciones y organizaciones de sociedad civil faciliten espacios de participación para empoderarlos y divulgar la información generada por ellos.

Los instrumentos que promuevan los derechos de las niñas, niños y adolescentes tales como las políticas públicas, planes, proyectos, agendas de desarrollo entre otros, deben ser enriquecidas por ellos mismos, así como mecanismos de planificación eficaces en la ejecución e implementación de programas dirigidos al cumplimiento de sus derechos.

Para garantizar la participación de las niñas, niños y adolescentes se deben institucionalizar espacios y mecanismos para que sus aportes sean incorporados en la toma de decisiones entre los diferentes niveles de organización y espacios políticos, a través de consultas, encuestas, congresos, cabildos abiertos, entre otros que coadyuven a la formación de nuevos liderazgos; de manera particular, de estos grupos organizados.

Por: Irasema Magaña, Oficial de Inversión en Niñez CRG

Gobernabilidad de los Derechos de la Niñez, Sin dejar a la niñez atrás.