Save the Children y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), presentaron la nueva publicación, como un aporte a la sociedad guatemalteca para lograr la garantía de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. El evento virtual en el que se presentó el libro contó con las palabras de apertura del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y fue comentado por la Diputada Sonia Gutiérrez, la Procuradora Adjunta II de los Derechos Humanos, Claudia Maselli, y por Rut Krüger Giverin, Embajadora de Noruega para México y Centroamérica.

 

El libro destaca que, en términos generales, el Estado guatemalteco incrementó la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), del 3.2% del producto interno bruto (PIB) en 2015 a solamente 3.5% del PIB en 2020. Es decir, el Gobierno pasó de invertir Q 6.30 diarios por cada niña, niño y adolescente de 2015, a Q 8.83 diarios en 2020, sin descontar el efecto de la inflación, con el cual los montos serían aún menores.

 

El libro es técnicamente innovador, ya que vincula los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con los resultados estratégicos del Gobierno, homologándolos con el Plan y Política de Desarrollo K’atun 2032 y el presupuesto por resultados. El análisis de la inversión pública para cumplir los ODS confirma incrementos más bien marginales, del 3.0% del PIB en 2017 a 3.3% del PIB en 2020, y reitera un sesgo hacia educación (ODS 4), descuidando la salud (ODS 3) y la lucha contra el hambre (ODS 2), y prácticamente demuestra pocos esfuerzos en igualdad de género (ODS 5), agua y saneamiento (ODS 6) y justicia (ODS 16).

 

El estudio advierte los importantes retos del Estado guatemalteco para lograr evitar la desnutrición crónica, la enfermedad, la carencia de educación formal y la pobreza que enfrenta la mayoría de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos, tragedias que son más agudas en la población indígena y rural, por lo que concluye que estos incrementos en la IPNA y en la inversión pública para cumplir los ODS registrados durante el período 2015-2020 en la IPNA y la inversión pública son insuficientes.

 

Para cumplirle a las niñas, a los niños y a los adolescentes, el libro muestra que se requiere un incremento considerable del gasto público, ya que para cumplir las metas de los ODS vinculados a educación, salud, nutrición y lucha contra la pobreza, las inversión en este grupo etario y en estos rubros debería pasar gradualmente del 1.9% del PIB de 2019 a 8.0% del PIB en 2030. Paralelamente, el Icefi propone medidas fiscales que generarían, también de forma gradual, los ingresos públicos necesarios para financiar este incremento en el gasto público. 

 

En esta publicación se demuestra técnicamente que cumplirle a las niñas, a los niños y a los adolescentes tendría impactos económicos muy importantes. Los cálculos muestran que, aún con incrementos graduales de impuestos, la ejecución de inversiones destinadas a cumplir con estos objetivos provocaría un crecimiento económico adicional promedio de 0.6% del PIB anual, con una generación de alrededor de 35,000 empleos anuales, directos e indirectos.

 

En el libro se reconoce que como condición obligada, las medidas fiscales para incrementar gradualmente la IPNA y la inversión destinada al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS, así como las medidas de política y administración tributaria para abrir los espacios fiscales para financiarlos, deben acompañarse de una agenda efectiva para fortalecer la planificación, el seguimiento y la evaluación, más transparencia y una lucha frontal contra la corrupción.

 

En sus palabras de apertura, el vicepresidente de la República reconoció la magnitud del desafío, el cual no podrá superarse durante la presente administración de Gobierno. Sin embargo, mencionó acciones que el Gobierno podría emprender desde ya para corregir el rumbo, y que por lo menos lograrían sentar las bases para que Guatemala inicie el recorrido por la senda correcta. Además, el vicepresidente enfatizó la necesidad de una agenda de lucha contra la corrupción efectiva, creíble y verificable, y al mismo tiempo corregir la multiplicidad de falencias en términos de gestión del gasto público.