El Sistema Nacional de Inversión Pública es un elemento valioso para Guatemala que en los últimos años ha mejorado significativamente su metodología y sus normas; sin embargo, dista mucho de que pueda funcionar eficientemente, así como algunos cuellos de botella que no permiten que la inversión en niñez y adolescencia sea real.

La reducción de la pobreza y de las desigualdades deben ser una prioridad en la planificación institucional, debido a que las políticas sociales reflejan que existen necesidades insatisfechas como es el tema de la salud, educación, seguridad, migración, recreación, entre otras, siendo estas multicausales. Por lo tanto, su abordaje debe ser integral, no solo con asignación de recursos financieros, sino con programas sostenibles que atiendan a la población para garantizar sus derechos fundamentales.

La planificación y la asignación del presupuesto no son vinculantes, debido a que se realiza de manera independiente, sin incorporar acciones enfocadas en la población más vulnerable. Además, la inversión es mínima o inexistente, ya que cerca del 75% del presupuesto es asignado a gastos operativos lo que deja un margen muy reducido para la inversión en infraestructura de calidad y la inversión de capital social.

Las políticas sociales carecen de presupuesto, debido a que no están vinculadas a la planificación de las instituciones acorde a sus competencias; éstas deben accionar para mejorar las condiciones de la población en condición pobreza, que en muchos de los casos es transgeneracional.

Los clasificadores temáticos quedan relegados como un instrumento técnico al cual muy pocas veces se reporta, por lo tanto, no se tiene acceso a los datos oficiales de manera eficiente con los cuales darle seguimiento y evaluar las políticas sociales a fin de identificar si realmente están atendiendo el problema público por el que fueron formuladas.

El objetivo del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- es desarrollar y dar a conocer procedimientos con una metodología, normas e instructivos iguales para todos, para que podamos formular, evaluar, analizar desde el punto de vista técnico y económico, ejecutar y dar seguimiento a las iniciativas de inversión.  Además de esto, crear y mantener actualizada una cartera de proyectos de inversión, que pueden ser implementadas a través de políticas sociales, así como el seguimiento al avance de los programas. 

Las deficiencias se traducen en la falta de calidad en el gasto público como incongruencia de las prioridades identificadas, los planes de gobierno, estrategias y asignación del presupuesto, tanto para las instituciones gubernamentales como para las políticas sociales. Los fondos sociales se han convertido en una alternativa de inversión para el Gobierno debido a su agilidad y flexibilidad en sus procedimientos en relación con los programas que tienen techos presupuestarios de las entidades de gobierno.

El SNIP establece que todo proyecto debe tener el aval del ente rector a nivel sectorial. Esto no siempre sucede con los fondos sociales que participan de esta metodología, realizándose de manera aislada y, por lo tanto, no responden a los intereses de la población, debilitada por la recurrente centralización en la elaboración del presupuesto, así como los miembros del congreso pueden cambiar proyectos procedentes de los niveles más cercanos a la comunidad.

Las fuentes de financiamiento del sistema de inversión pública son diversas; a su vez, tienen un objetivo para el cual deben utilizarse los fondos de origen interno y externo. A través de los recursos del presupuesto que el gobierno ha destinado precisamente al financiamiento de proyectos de inversión. Los recursos municipales provienen principalmente de recursos propios de las municipalidades y recursos del 10% constitucional que el Gobierno Central traslada a cada municipalidad. Los recursos comunitarios, en cambio, provienen de los aportes que las comunidades beneficiarias hacen para favorecer la ejecución de los proyectos y pueden darse en dinero, en especie (materiales y suministros) y en trabajo.

Por ese mismo orden de ideas, existen otros recursos de origen interno que provienen de: ONG´s locales, fundaciones, asociaciones, donaciones privadas y otras similares. Asimismo, recursos reembolsables que son préstamos principalmente en dinero, con lo cual el Estado asume el compromiso de pagarlos en un plazo de tiempo determinado y los recursos no reembolsables que refiere a las donaciones y la cooperación técnica, que proviene de organismos internacionales y de gobiernos amigos o de sus agencias. Pueden ser también, en especie, en dinero o en asistencia técnica. En este caso no hay que devolver estos recursos y funcionan bajo acuerdos o convenios suscritos.

Desde el enfoque territorial está diseñado para captar de forma participativa, los requerimientos de inversión desde las mismas comunidades, a partir de gestionar los proyectos locales, departamentales, regionales y nacionales,  por lo que trabaja de manera descentralizada; es decir, a través de promover que las personas tengan el poder de incidir en la vida de su región: Tomar decisiones y priorizar los proyectos de inversión a realizar, así como gestionar, identificar, formular y evaluar los proyectos, su ejecución y puesta en marcha. 

Así pues, es importante que a través de acciones de incidencia a todo nivel, se centren los programas y proyectos de inversión en la niñez y adolescencia, con el objetivo de garantizar el pleno goce y disfrute de sus derechos.

Fuentes: Secretaria de Planificación Ejecutiva de la Presidencia -SEGEPLAN-. 2020. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2021. Guatemala. Ortegón, Edgar. Pacheco, Juan Francisco. 2004. Los sistemas nacionales de inversión pública en Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo multivariado. CEPAL /ILPES.